PENSAMIENTO CRITICO VIRTUAL No. 1

Aquí en este espacio, se incluirán los artículos más relevantes del pensamiento crítico intelectual y académico colombiano.

CREAR ESTADO
(POR JUAN DIEGO GARCÍA)

El “consenso de Washington” que impuso las políticas neoliberales en América Latina no solo comprende reformas económicas sino también importantes cambios en la estructura del estado nacional, justificados como indispensables para alcanzar mayor eficacia administrativa, transparencia en el gasto público y economía para el bolsillo de los contribuyentes.

La ineficacia de los estados nacionales tradicionales no es difícil de demostrar, pues antes que entidades eficientes se trata de verdaderos entramados de politiquería, clientelismo y caciquismo. Sin embargo, ha habido en estos años poco de modernización y los neoliberales se han limitado a reducir plantillas y presupuestos aunque en no pocas ocasiones y por razones electorales algunos de los gobiernos del más duro neoliberalismo han echado mano del despilfarro y la demagogia. Menem y Fujimori son dos buenos ejemplos de neoliberales que han combinado “eficiencia” en el gasto público y en la contratación de personal con medidas contrarias y coyunturales destinadas a conseguir el apoyo del electorado.

Igual ocurre con el combate a la corrupción, un mal que según los neoliberales es consustancial a los viejos estados y las viejas castas políticas. Pero parece que el adagio según el cual “ante el cajón abierto hasta el más honrado tiembla” no solo sirve de justificación a los políticos tradicionales sino también a los nuevos y en una medida que escandalizaría al más curtido. Casi podría afirmarse que los niveles de corrupción de antaño se quedan cortos ante la magnitud de la moderna corrupción, estrechamente vinculada a las políticas neoliberales. Considérense tan solo las inmensas fortunas amasadas por políticos y funcionarios corruptos en los procesos de privatización de las empresas públicas. ¡Ni el mayor dictador tropical consiguió tales niveles de enriquecimiento ilícito tan rápido e impunemente!

En el fondo el discursos neoliberal es pura ideología y la propuesta de convertir el viejo estado nacional en un simple ente “facilitador” restándole toda potestad en el manejo de la cosa pública solo intenta esconder el propósito privatizador, es decir, dar al mercado la hegemonía plena y destruir los pequeños avances sociales que se habían construido en América Latina como resultado del populismo desarrollista de otras épocas. En compensación, los profetas liberales admiten medidas paliativas, ayudas que huelen a limosna y el “conservadurismo compasivo” a través de organizaciones no gubernamentales o fundaciones caritativas que convierten los derechos en dádivas.

Para adecuarse a los nuevos tiempos de la “globalización” se propone igualmente aceptar una soberanía política limitada o restringida y ceder controles claves a las llamadas “agencias internacionales” (FMI, BM, OMC, etc.). En la práctica esto significa entregar la propia decisión soberana a la gran banca internacional, al tiempo que las empresas multinacionales asumen el control de los mercados locales. Se pone de manifiesto que la apertura económica (los tratados de libre comercio, por ejemplo) busca básicamente asegurar mercados a los excedentes agrícolas e industriales de las metrópoli y que la rigurosidad presupuestaria (disminuyendo el gasto social) tan solo pretende garantizar el pago de la deuda externa; ¡de desarrollo, nada!

Al desmonte del viejo estado corresponde la crisis de los partidos tradicionales, el desmantelamiento de la institucionalidad y el abandono de cualquier propósito nacional. De semicolonias estos países pasan a ser verdaderas colonias de nuevo tipo.

En este contexto deberían entenderse las medidas que ponen en marcha algunos gobiernos en la actual ola nacionalista e izquierdista en el continente. Se trataría de una reacción generalizada contra el neoliberalismo para disminuir los daños graves que ha supuesto para estos países la estrategia del “Consenso de Washington” que luego de dos largas décadas solo ha traído un deterioro económico sin precedentes para las mayorías, una ausencia escandalosa de instituciones, la promoción de un individualismo feroz y de una filosofía de competencia tenaz que contrasta con la ausencia real de posibilidades personales, un horizontes incierto, la inseguridad como perspectiva de vida y la emigración hacia las metrópolis como tabla de salvación para millones y millones de latinoamericanos.

Ante este panorama a nadie sorprenda que la ciudadanía prefiera las “aventuras populistas” que buscan rehacer el estado nacional, dar marcha atrás a las privatizaciones, limitar o impedir las diversas formas de la “apertura económica” (la oposición popular a los tratados de libre comercio, por ejemplo) y apoye con entusiasmo la nacionalización de sus recursos naturales, cuya explotación ha sido un verdadero festín para el funcionario venal, el comisionista corrupto, el político en nómina y la multinacional respectiva, que se lleva siempre la parte de león en el negocio. Las nacionalizaciones actuales no son entonces el resultado de mentes febriles obnubiladas por ideologías utópicas sino necesidades vitales de países como Bolivia o Venezuela que no pueden permitir que el control efectivo y la explotación de sus recursos beneficien tan solo a unos pocos.

El propósito de recuperar las empresas privatizadas tampoco ocurre porque se produzca un sentimiento colectivo de nostalgia por las viejas empresas del estado sino porque se llega al convencimiento de la imposibilidad estructural que tiene el mercado para satisfacer ciertas necesidades básicas en países pobres en los cuales el bajo ingreso de las mayorías les impide “ejercer su libre decisión” a la hora de comprar salud, educación , justicia ,vivienda, cultura y un largo etcétera: el bolsillo de cada uno es el límite real de la satisfacción de las necesidades si no hay un instrumento que redistribuya la riqueza (el estado, precisamente).

Este reverdecer del papel de estado es aún más necesario para el tratamiento de sectores estratégicos como la energía, la investigación, el crédito y otros similares que necesitan ordenarse adecuadamente dentro de planes de largo plazo, tan extraños a la iniciativa privada que se mueve por motivos bien diferentes y en dimensiones de tiempo y espacio mucho más limitados. De hecho, ningún país metropolitano, de los que hoy promueven el neoliberalismo, dejó de pasar antes por largos períodos de proteccionismo (¡y lo siguen practicando afanosamente!) ni se desarrolló sin contar con un sector público muy sólido (¡y lo siguen teniendo!).

La integración que supone el neoliberalismo significa la disolución de las entidades nacionales periféricas en un gran conglomerado en el cual los países metropolitanos –en particular los Estados Unidos- llevan la voz cantante y se reservan para si todos las ventajas y privilegios. Y es normal que así ocurra; todo ello corresponde a la naturaleza misma del capitalismo. De hecho, ninguna política colonial trajo consigo el progreso; la actual, tampoco. Cuando Bélgica abandonó el Congo no había ni un solo médico nativo educado por los colonialistas; si acaso, un par de enfermeros. A cambio Bruselas dejó como herencia la división étnica, las minas saqueadas, los bosques esquilmados, una población ignorante y empobrecida, una elite corrupta de político y militares felones y tres obispos católicos (¡algo es algo!).

La integración regional que intentan los movimientos nacionalistas actuales, con todas sus debilidades y problemas, tiene la ventaja de efectuarse entre iguales y abre posibilidades inmensas sin sacrificar la propia identidad de nadie. De esta forma ser nacionalista no se convierte en obstáculo para propiciar la unidad latinoamericana y del Caribe ni serlo constituye un ejercicio de perversidad y xenofobia. Ser nacionalista para defender lo propio es un acto perfectamente legítimo y no excluye como amigos y aliados a los pueblos de las metrópolis, ajenos en general a la explotación y el saqueo de estas neocolonias.

De hecho, nadie más nacionalista que los Estados Unidos, Europa, China, Japón o India. Resulta sarcástico, por decir lo menos, que nuestros neoliberales denuesten del nacionalismo propio como si fuese una especie de enfermedad a curar pero acepten sin la menor crítica el nacionalismo metropolitano. Nada sorprendente si se considera que actúan con la misma lógica cuando denigran de cualquier medida proteccionista local pero callan ante el proteccionismo metropolitano, o cuando condenan indignados las supuestas “intervenciones” del presidente Chávez en los asuntos internos de los otros estados pero encuentran perfectamente natural que el embajador gringo en Bogotá participe activamente en la confección de listas electorales, calificando y descalificando candidatos locales. Nada extraño pues que vean como lo más natural que el gobierno estadounidense amenace al electorado nicaragüense con graves consecuencias si votan por Daniel Ortega del Frente Sandinista (como lo hicieron antes en El Salvador contra el Frente Farabundo Martí), o que la sra. Rice certifique la condición democrática o tiránica de los gobiernos del área o que un funcionario de la Unión Europea se permita manifestar muy indignado que no entiende como el presidente Evo Morales ha decidido nacionalizar los recursos naturales de Bolivia “sin habérselo consultado antes”.

Y es que los nuevos colonialistas tienen en estos países su “quinta columna” de lacayos. Por ejemplo, ante la ingerencia grosera del embajador estadounidense en los asuntos internos de Nicaragua, un alto funcionario del gobierno derechista ha venido a decir –palabra más, palabra menos- que “si los Estados Unidos nos regalan 500 millones de dólares anuales algún derecho tendrán de opinar sobre nuestro futuro político”. Una soberanía barata, por lo visto; Anastasio Somoza se vendió por mucho más.

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OPERACIÓN CÓNDOR
Por: Alejo Vargas Velásquez

Operación cóndor se titula el excelente libro del periodista norteamericano John Dinges, que es una de las novedades en la Feria del Libro en Bogotá y en la cual describe de manera muy documentada una década de terrorismo de Estado en el Cono Sur de América Latina. El contexto en el que se da lo anterior está dado por las dictaduras militares inspiradas en la denominada doctrina de la seguridad nacional -que se inician con el golpe militar en Brasil en 1964 y que progresivamente lleva a que en 1976 en América Latina existan gobiernos autoritarios en todos los países con la excepción de Costa Rica, Colombia y Venezuela-.

El autor denomina a la Operación cóndor como "el principio de una guerra total, justificada como una 'guerra contra el terrorismo', cuyo principal objetivo eran las fuerzas políticas a las que Pinochet y sus aliados percibían como infectando sus países con el cáncer foráneo de la revolución comunista". Las víctimas no sólo eran los miembros de los grupos guerrilleros de los países del Cono Sur, sino que "las víctimas más prominentes eran respetables líderes militares y civiles que intentaban resguardar o recuperar la democracia".

El Sistema cóndor, que incluyó a los países del Cono Sur -Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil- incluyó tres fases, la primera era un sistema de intercambio de información sobre personas consideradas 'amenazas' en el exterior por los distintos gobiernos "los objetivos eran enemigos violentos y no violentos que residían fuera de sus países en el momento de ser atacados"; la segunda fase "se limitaba a acciones contra objetivos dentro de los seis países miembros"; las operaciones de la fase tres "incluian seguimientos y asesinatos fuera de América Latina" .

El gran inspirador de la Operación cóndor fue el Gobierno de Pinochet y en especial el coronel Contreras, quien creó la Dirección de Inteligencia Nacional -Dina- con una noción de inteligencia nacional que "no sólo apuntaba a la represión de la izquierda sino al control total de cada aspecto del Gobierno y de la vida social en Chile. Reprimir el 'terrorismo' dentro y fuera del país era sólo una de las múltiple tareas pendientes...". Lo que buscó Contreras fue proyectar internacionalmente a la Dina a través del llamado Sistema cóndor para eliminar todo lo que ambiguamente consideraban los 'enemigos', "las fuerzas ahora unidas para preservar el vagamente definido concepto de 'estilo de vida occidental' estaban preparadas para llegar incluso a las capitales europeas y norteamericanas con el fin de arrancar de raíz las células subversivas que sus gobiernos, reblandecidos por la democracia, no se atrevían a extirpar".

Una de las contribuciones más importantes de la investigación periodística es demostrar la responsabilidad de los gobiernos norteamericanos de la época, por acción o por omisión, en el desarrollo de este terrorismo de Estado, "en mi reconstrucción de los hechos y del conocimiento que Estados Unidos tenía de ellos -basada en documentos ahora desclasificados- descubrí lo siguiente: que tempranamente se supo de asesinatos en etapas de planificación, que existió un aparentemente serio y al principio enérgico intento de Kissinger y sus lugartenientes de advertir a Chile y los otros países de que detuvieran los planes de asesinato del Cóndor, y finalmente una decisión inexplicable, la de no seguir adelante con esa exhortación. En mi opinión, tal advertencia podría haber prevenido el asesinato de Orlando Letelier, un acto de terrorismo por parte de un país aliado de Estados Unidos."

El repaso de este período negro, invita a estar atentos para prevenir que operaciones terroristas tan dolorosas como ésta se vuelvan a repetir a nombre de preservar los Estados y la democracia; sin embargo, la historia muestra que es reiterativo que a nombre de la 'razón de estado', se reincide en conductas que violan la legalidad de los propios Estados.
*Profesor Universidad Nacional.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ Uribe 2006: entre paradojas y farcsas

Hernando Llano Ángel.

“El estudio más digno de la política no es el hombre
sino las instituciones.”
John Plamenatz

Los resultados de los recientes comicios del 12 de Marzo para el Congreso, como la próxima elección presidencial del 28 de Mayo de 2006, pasarán a la historia por girar en torno a la figura presidencial de Álvaro Uribe, convertido en el protagonista estelar del más deplorable reality que cualquier sociedad pueda presenciar. El reality de la subordinación de la política a la suerte de un hombre, que no sólo terminó ajustando la Constitución a su aspiración reeleccionista inmediata, sino traicionándose a sí mismo e incumpliendo sus principales y solemnes promesas contenidas en los 100 puntos de su inconcluso “Manifiesto Democrático”. Por ello, bien podría afirmarse que si se verifican los pronósticos de los sondeos de opinión, su triunfo como candidato sería la más vergonzosa de las derrotas que Presidente alguno haya tenido en desarrollo de su administración. Paradójicamente el candidato Uribe ganaría gracias al fracaso rotundo del Presidente Uribe. Semejante absurdo político se puede constatar pasando revista a sus principales compromisos, empezando por el que lo tiene en trance de reelección.

Degradación de la democracia

En efecto, en el punto 98 del Manifiesto se lee: “Me haré moler para cumplirle a Colombia. En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”. Al examinar semejante compromiso con la realidad actual, hay que concluir que no sólo ha defraudado la democracia, sino que la ha degradado al someterla a los vaivenes de una espuria negociación con las AUC, cuya máxima expresión de corrupción institucional es el escándalo que sacude al DAS, mucho más deletéreo y destructivo que las bombas de Pablo Escobar. Las bombas, además de su efecto asesino, sólo sacudieron la estructura del edificio, mientras la infiltración paramilitar ha minado la legitimidad del principal organismo de seguridad de la Nación, al punto que el propio presidente Uribe anunció su “cierre”, como si se tratará de un negocio particular. De otra parte, al convertir a los paramilitares en actores políticos, mediante la ley de “justicia y paz”, ha celebrado con sus mayorías en el Congreso --esa especie de altar de la democracia-- el matrimonio entre la política y el crimen, legitimando así el ascenso de la narcopolítica y el ocaso de la democracia.

Desde entonces, como lo advirtió premonitoriamente el ex presidente Andrés Pastrana en el Foro “Sostenibilidad de la Política de Seguridad democrática”[1]: “el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos puede inclinar la balanza electoral”, motivo por la cual se preguntaba a renglón seguido “sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto- de igualdad para participar en elecciones”. La realidad nos ha contestado negativamente, no sólo por los resultados de las pasadas elecciones del 12 de Marzo, como por la táctica política diseñada desde tiempo atrás por José Vicente Castaño, el máximo estratega de las AUC, cuando señala: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías. Táctica actualizada para este período electoral en términos de: “Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[2] Por eso en dichas zonas han ganado tanto candidatos afectos al Uribismo, al conservatismo como al liberalismo, tal como sucedió en las elecciones del 2003 en los Departamentos del Cesar y Magdalena donde no hubo competencia democrática, pues se presentaron candidatos únicos avalados por el Partido Liberal.

Pero además de legitimar dicho régimen electofáctico[3], Uribe renunció a promover la “coalición de largo plazo” y el supuesto “gobierno de Unidad nacional”, para postular su nombre a la reelección presidencial inmediata bajo la sigla de “Primero Colombia”, despreciando todo compromiso con cualquier organización o partido político y colocando su nombre por encima de toda institucionalidad, como un típico caudillo del siglo XIX que se apropia el Estado en función de su proyecto político.

Reinado de la politiquería y la corrupción

La segunda gran paradoja de sus promesas incumplidas como Presidente, ha sido la lucha contra la corrupción y la politiquería, que lo llevó incluso a proponer en el punto 20 del Manifiesto la reducción del Congreso a “una sola Cámara” para “integrarlo con la ciudadanía”. Pero ha realizado exactamente lo contrario. Después de las elecciones del 12 de Marzo controla el setenta por ciento del Congreso y según un comunicado de la Casa de Nariño del 16 de Octubre ha ordenado partidas adicionales para el Senado y la Cámara por 52.500 millones de pesos, pasando por encima de la austeridad que anunciaba en el punto 18 del Manifiesto donde se comprometió a reducir el número de congresistas de 266 a 150, “sin privilegios pensionales, ni salarios exorbitantes”. Quizá por todo lo anterior, la distancia hoy entre el Congreso y la ciudadanía es mayor, pues la abstención ha continuado en ascenso hasta rondar hoy el 60% del censo electoral.

Las anteriores son apenas dos de las más evidentes y escandalosas paradojas de la actual administración, gracias a las cuales espera hacerse reelegir el próximo 28 de Mayo, con la promesa solemne de saldar semejantes deudas en los próximos cuatro años. Sin embargo, dichas paradojas son casi insignificantes frente a las dos grandes “farcsas” en que ha terminado convertida su principal bandera de gobierno, la “seguridad democrática”, que en el punto 26 del Manifiesto prometía una “Colombia sin guerrilla ni paramilitares” y en el 27 “proteger a todos, al trabajador, al empresario, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”.
Más allá del efecto mediático de campañas como “Vive Colombia, viaja por ella”, está la realidad de un “aumento del 11% en el número de retenes ilegales, si se le compara con los tres primeros años de Pastrana, al pasar de 629 a 696… Respecto de la responsabilidad, hay que decir que en los tres primeros años de Uribe las FARC aumentaron en un 80% sus retenes, al pasar de 262 en los tres primeros años de Pastrana a 471… En los tres primeros años de Uribe 16 Departamentos presentaron alzas, en comparación con lo ocurrido en los tres primeros años de Pastrana. La seguridad vial, presentó un retroceso en Arauca donde los retenes aumentaron un 775%, en Quindío del 600%, en Meta del 443%, en Caquetá con un alza del 225%, en Chocó del 226%, en Nariño del 111%, Risaralda del 100%, en Tolima del 69%, en Boyacá del 64%, en Huila del 58%, en la Guajira del 30%, en Putumayo del 28%, en Caldas del 27% y en Cauca del 6%. Se presentaron descensos en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle”[4], como se puede leer en el Informe especial: “Uribe, tres años” de la Fundación Seguridad y Democracia, bajo la dirección de Alfredo Rangel.
Por último, dicho informe al evaluar la evolución del conflicto armado hasta Agosto de 2005, concluye: “En los tres primeros años del Presidente Uribe se registra una intensificación del conflicto armado en Colombia, no suficientemente percibido por la opinión. En efecto, tanto la fuerza pública como los grupos irregulares incrementaron sus acciones.” Y lo más grave es que el resultado de dicho incremento, según informe de Pablo Casas Dupuy, basado en estadísticas estrictamente oficiales de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, no favorece a la Administración Uribe. Al analizar las estadísticas oficiales, Casas Dupuy concluye que ''la disminución de los ataques contra la guerrilla por iniciativa de la fuerza pública así como la disminución en la letalidad de estos, evidencian que la fuerza pública llegó a un máximo nivel de operatividad cuando recibió la inyección de recursos del Plan Colombia (cerca de $6 mil millones donados por Washington), pero éstos no han sido suficientes para sostener un mismo ritmo de ofensiva'' y desde el 2003 ocurre un proceso de desgaste militar. Por lo tanto, antes de continuar con la “farcsa” de una paz impuesta por la vía militar, que no sólo implica el riesgo de una mayor degradación terrorista del conflicto, como ocurre ahora, además de la pérdida acelerada de la autonomía nacional en virtud de la reciente narcomilitarización norteamericana de las FARC, es urgente la recuperación de la política como único horizonte viable para la construcción de democracia. Porque sólo la democracia ha demostrado ser históricamente una matriz fértil y perdurable de paz política, que todavía estamos en mora de gestar entre todos los colombianos, más allá de cualquier maniqueísmo que aliente el odio y la violencia entre supuestos patriotas e inhumanos terroristas; auténticos demócratas contra apátridas imperialistas o ejemplares ciudadanos contra pérfidos narcoterroristas. Gestación que compromete el esfuerzo de todos los candidatos en liza, cada uno de ellos frente a Movimientos y Partidos con dilemas históricos diferentes, que bien vale la pena analizar en detalle en otras entregas para no violar la ley de garantías electorales.




[1] - Documento completo en www.semana.com en “Documentos”.
[2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.
[3] -Legitimar y consolidar, puesto que desde el período de Cesar Gaviria han sido los poderes de facto quienes han determinado la suerte de las elecciones presidenciales, bien por su iniciativa criminal (el magnicidio de Galán a manos de Escobar), la generosa financiación de campañas electorales (de los Rodríguez a Samper) y en los dos últimos períodos presidenciales porque las FARC han sido decisivas en los triunfos de Pastrana y Uribe. En el primero, por la ingenuidad ciudadana de alcanzar la paz sin mayores costos y, en el segundo, por el legítimo repudio y miedo de la ciudadanía frente a las acciones terroristas de las FARC y el ELN.
[4] - Ver informe completo en Web Site: www.seguridadydemocracia.org

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PALABRAS INÚTILES
Ernesto Rueda Suaréz
eruedas@uis.edu.co

Vanguardia Liberal
02/05/2006

Como dice Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada (México), la “guerra global contra el terrorismo” no es más que puro conductismo skinneriano para manipular a la opinión pública; pura domesticación; ya no se trata de dominar, sino de domar.

Ocurre con la mayoría de noticias; trátese del colapso del dólar; adobado en USA con la intimidación de Bin Laden o con la supuesta amenaza nuclear de Irán –o tal vez con los inmigrantes de ahora-, o con los asesinatos selectivos en Colombia; pues, querámoslo o no, las muertes del asesor de Piedad Córdoba o la de la señora Gaviria Trujillo, forman parte de esa estrategia skinneriana; es decir, se supone que el pueblo colombiano debería votar por el candidato mesiánico si quiere salvarse.

¿Salvarse de qué? ¿De los cien puntos incumplidos de la primera campaña? Las encuestas –que son un acto de fe-, si están diseñadas con rigor científico y honradez política, muestran con claridad cuáles son las tendencias del comportamiento político de los ciudadanos.

El problema adicional, pero fundamental, es el del manejo y manipulación que la propaganda política hace de la opinión pública, cuando los medios –y las encuestas- son ahora la política, cuando la democracia se ha convertido en un problema de abuso de las estadísticas, como decía Borges; y no en concepto o práctica de la visión del mundo, de la sociedad, de la vida cotidiana. La última encuesta Gallup muestra ya las resquebrajaduras del mesianismo providencial del Jefe de Estado candidato. La segunda vuelta es ya una posibilidad real y no un simple deseo. A pesar de disponer y usufructuar de todos los privilegios y ventajas que da en Colombia ser Presidente de la República, Jefe de Estado, Primer Magistrado de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y la Ley de Garantías –para el candidato Presidente-; el 43% de los encuestados no es voto Uribe; es voto de oposición y no de simple indiferencia.

Con la segunda vuelta le queda claro al Jefe de Estado candidato, que tiene en frente una oposición orgánica y seria como opción de poder; inatajable; más si tenemos en cuenta que subir más el nivel de violencia, crueldad, terrorismo de Estado e inmoralidad, es desafiar ya al extremo todas las normas del comportamiento civilizado; es ponerse a la altura de los enemigos del Estado Social de Derecho y convertir a Colombia en un Estado mafioso y narcodemocrático sin remedio. ¿Lo vamos a permitir?

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el yesQuero No. 99
COLUMNA DE ANÁLISIS Y CRÍTICA POLÍTICA
Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas corpus
Dirección electrónica: elyesquero@gmail.com Medellín, Colombia


PROSELITISMO POLÍTICO DE LOS EMPRESARIOS
LOS DONES DE LA DEMOCRACIA


Por
Rafael Rincón


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PRIMERO LOS NIÑOS!
Amylkar D. Acosta M

“Todas las personas mayores antes han sido niños,
pero pocos de ellos lo recuerdan”
Antoine de Saint-Exupery

CUNDE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Hoy 26 de abril, en cumplimiento de la Ley 724 de 2001, se celebra en Colombia el Día de la Niñez y la Recreación. Sea propicia la oportunidad, para llamar la atención sobre la deprimente situación que afronta la niñez en Colombia en estos precisos momentos. Aunque la Constitución reza que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, la realidad es otra y no puede ser más desoladora. Recientemente se realizó la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia y las cifras que arrojó sobre la suerte que está corriendo la niñez son sobrecogedoras. El 12% de los niños colombianos menores de 5 años, el 12.6% entre 5 y 9 años y el 16% de aquellos que tienen entre 10 y 17 años de edad, sufren problemas de desnutrición. En muy buena medida ello obedece a que los bajo s ingresos de las familias más pobres, no les permiten cubrir las necesidades nutricionales de la población infantil. La cantidad de menores de 18 años que vivía en 2003 en la pobreza subió de 12.1 millones a 12.9 millones, elevándose la tasa de pobreza para este grupo de edad de 16.7% a 17.6% . Según Daniel Weinberg, de la Oficina del Censo, “Este incremento en pobreza infantil está probablemente relacionado al incremento de la pobreza en familias uniparentales” . El 13.5% de los niños en Colombia acusan retraso en su crecimiento, tienen estatura por debajo de la norma, lo cual indica malnutrición crónica por un período mayor de seis meses. La talla de 6.4 millones de infantes menores de 17 años, es ostensiblemente baja para su edad; en concepto de la autora del estudio a que hacemos referencia , Carolina Borda, el grupo más grande con esta anomalía es el de 10 a 17 años, con 16.2%, “pues por estar en un pico de crecimiento, ya no tendrán más oportunidad de recuperar esa talla”. La guajira, Boyacá, Nariño, Magdalena y Vaupés, se cuentan entre los departamentos donde prevalece más este fenómeno. Claro, que según la Organización de las Naciones Unidas este se extiende a toda la población, a tal punto que según su revelación en Colombia diez millones de personas tienen alguna carencia nutricional y seis millones de ellas sufren de desnutrición severa. El Informe de la ONU registra un dato que por lo aterrador parece inverosímil: “ Las cifras revelaban que en el departamento de Antioquia, una persona cada dos días muere de hambre ” . Cualquier parecido con Biafra está alejado de ser una coincidencia.

SE IMPONE EL RAQUITISMO
Lo más grave no es la baja estatura a la que están siendo condenados irremisiblemente, sino que ello lo que denota es que todo su cuerpo ha crecido por debajo de su potencial, incluido el cerebro . Como lo afirma Angel Facundo, director de la Asociación Colombiana de Comedores Escolares, “Esto pone a ese niño en desventaja frente a otros de su país, pero también frente a los de otros países”. Aquí se está incubando un problema de enormes proporciones y lo que es más grave aún de carácter irreversible; esta generación de niños famélicos le habrá de deparar al país una sociedad lastrada irremediablemente por un sinnúmero de niños con retardos mentales, a quienes la oportunidades en la vida le serán muy esquivas, sin que ellos tengan la culpa de las tara que esta sociedad indolen te les impone como si fuera un estigma. Y de contera, el porcentaje de niños con peso inferior a la norma es de 6.4%. Desde luego, el drama es mayor entre la población más pobre, sobre todo en las zonas rurales; uno de cada cinco niños de estas sufre de retardo de crecimiento. No se puede perder de vista que el período crítico durante el cual se puede actuar para conjurar daños tan irreparables es durante la gestación y los primeros dos años de vida, especialmente durante el período de la lactancia. El problema parte desde el vientre mismo de la madre; el 19% de las madres embarazadas tienen bajo peso durante tal estado y la inmensa mayoría de ellas presente deficiencia de hierro casi la mitad de ellas sufre de anemia. Todo ello contribuye al retardo en el crecimiento del feto y al bajo peso de este al momento de venir al mundo.

LA NIÑEZ ANÉMICA
Como si lo anterior fuera poco, el 33% de los niños entre 1 y 4 años de edad sufren de anemia y en el caso de aquellos cuya edad oscila entre 5 y 12 años llega a niveles tan alarmantes como el 37%. Más de la mitad de los menores de 18 años son anémicos. Ello es tanto más preocupante, puesto que en dicha edad están en pleno proceso de aprendizaje y tales deficiencias afectan enormemente su atención, concentración y asimilación de los conocimientos. Los niños no escapan a la tragedia humanitaria que representa el desplazamiento en Colombia, el segundo en importancia en el mundo después de Sudán y el primero en Occidente según las Naciones Unidas; de acuerdo con las cifras que maneja UNICEF – CODHES, entre 1985 y 2002, 1.750.000 niños sufrieron los rigores del desplazamiento forzado en Colombia. Según la UNICEF, cada
año mueren en Colombia 20 mil niños, por razones prevenibles.

CONTRASTES ABERRANTES
En un país así, con tan marcados como trágicos contrastes, resulta inaudito que los recursos que debieran invertirse en la mitigación de tan aberrantes dolamas, se distraigan por parte del gobierno para financiar su déficit. Como lo denunció recientemente el Contralor General , $680.000 millones del presupuesto del ICBF, que representan el permanecen invertidos en TES; tal injusticia clama al cielo y no tiene perdón! Este hecho tan deplorable, no lo alcanzó a opacar la rueda de prensa que a renglón seguido convocó la directora del ICBF , esta vez no para controvertir la cifra, sino para denunciar la cartera morosa de la institución a su cargo por valor de $180.000 millones correspondientes al aporte parafiscal del 3% del 2005 a que están obligados los patrones, de los cuales ir ónicamente el 70% corresponde al sector público. Ello habla muy mal de la responsabilidad de las empresas renuentes, pero también de la gestión del ICBF, cuyos directivos le deben una explicación al país, del por qué se permitió que dicha situación llegara a tales extremos sin que ellos movieran un dedo para impedirlo.
En este país, en el que, según la UNICEF , de cada dos niños que nacen uno es no deseado , cada año 200 mil adolescentes son madres, la mayoría de ellas solteras y cabezas de familia, al tiempo que 750 mil niños abandonan la educación básica cada año, eso representa el 7% nacional en el área urbana y el 13% en el área rural. Es fundamental asegurarle a la niñez tanto el acceso como la permanencia en el sistema educativo; la Ley General de Educación consagró tres grados de educación preescolar, pero, tal y como sucedía con las Cédulas reales durante la Colonia, se obedece pero no se cumple. Ello conspira contra las posibilidades de contener los altos niveles de deserción posterior, la repitencia, en suma en la calidad de la educación que se le impart e a la niñez. En este caso la desigualdad salta a la vista, mientras los niños de los estratos bajos llegan al primer grado a lo sumo con un año de preescolar, los de los estratos altos llegan con 3 y hasta 4 años; esta tendencia a la postre marca la diferencia en la formación y en el rendimiento académico de unos y otros. Le asiste la razón a Abel Rodriguez, Secretario de Educación del Distrito, cuando afirma que “El cuidado y la atención que se prestan a la educación de la infancia entre los 3 y 5 años, resultan definitivos para su desempeño escolar futuro y desarrollo integral” . 1.1 millón de muchachos, aproximadamente, están por fuera del sistema educativo. Un factor que incide fuertemente en la deserción escolar es el bajo ingreso de las familias pobres, que obliga a los niños a trabajar para conseguir su sustento diario. Un 45% de los niños que no asisten a clase, se ven impelidos a ello básicamente por la necesidad de trabajar, la falta de motivación o por que no le es asequible por motivos económicos. En Colombia 2.500.000 niños y niñas, aproximadamente, trabajan y de ellos 1.700.000 son adolescentes y 800 mil son niños entre 6 y 11 años, el 80% trabaja en el sector informal y de cada 10 niños que trabajan 7 no asisten a la escuela. Alrededor de 8.4 millones de niños están en las peores formas de trabajo infantil, entre estas la prostitución y la servidumbre por deudas, denunció la UNICEF .
Como lo afirmó el diario de los Santos “La situación de la infancia en Colombia da grima” , pues a la dramática situación que hemos expuesto descarnadamente, se le viene a sumar el maltrato, el abuso de que son objeto por cuenta de la depravación de los mayores. Colombia se ha convertido en un polo de atracción del turismo sexual, fomentando la prostitución infantil, la pornografía infantil y la pedofilia; los vejámenes y el ultraje de que son objeto los niños en Colombia constituyen una verdadera y conmovedora afrenta. Según la UNICEF 35 mil menores de 18 años son explotados de esta forma en Colombia. Estas cifras son escalofriantes: en el año 2004 hubo denuncias por 25 mil casos de explotación sexual y 18 mil por abuso sexual y en el 2005, se registraron 184 suicidios de menores ( cada do s días se suicida un niño ), 680 homicidios.

QUÉ SERÁ DE LA NIÑEZ?
Y para rematar, en Colombia se carece de un buen registro de la niñez, toda vez que de un millón de niños que nacen anualmente en Colombia, 150 mil de ellos no tienen partida de nacimiento durante el primer año de vida y por lo tanto no cuentan para nada, privándolos de un derecho básico e inalienable: su reconocimiento como ciudadanos. Ello implica, además, que están por fuera de atención y protección del Estado, totalmente desamparados; ello torna nugatorias normas tales como el precepto constitucional que establece que “Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciben aportes del Estado” . En tales condiciones, cabe preguntarse qu&eacut e; país le estamos legando a nuestros hijos y qué hijos le estamos legando a nuestro país, pues los niños de hoy serán los mayores del mañana!

Bogotá, abril 26 de 2006
www.amylkaracosta.com
Presidente Sociedad Colombiana de Economistas


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¿CUAL “ESTADO DE DERECHO”?


ATALAYA 126
Alcibíades Paredes
Abril 15 2006.

En diferentes oportunidades, el candidato Carlos Gaviria ha expuesto una tesis que merece ser discutida, especialmente al interior del Polo Democrático Alternativo (PDA)Al preguntársele sobre cuál sería su actitud frente al TLC, en el caso de salir elegido en los comicios presidenciales, su respuesta siempre ha sido la misma: si el TLC ya ha sido aprobado como ley de la república, solo puedo hacerla cumplir, pues es lo único que corresponde a un Estado de derecho”, como lo es Colombia. Si, en cambio, al llegar a la presidencia, el Tratado aún no ha sido convertido en ley, entonces convocará a un referendo para que sea el mismo pueblo el que decida si lo aprueba o no.

El punto problemático del aserto del candidato es la primera eventualidad planteada. Si el Tratado ya es una ley, al momento de salir elegido presidente, nada podrá hacer contra el mismo, como quiera que el respeta el Estado de derecho. Desde una óptica política, la tesis tiene un sabor amargo de impotencia. ¿Cómo es eso de que ante la ley que aprueba el Tratado solo queda la resignación? ¿Será esta una actitud consecuente con la promesa de “construir democracia”, sobre la que insiste nuestro candidato? Porque lo evidente es que la “construcción de democracia” implica necesariamente derogar algunas leyes, e implantar otras.. ¿Cómo realizar esta política de transformación, si vemos en las leyes vigentes un tabú, esto es, como si fueran preceptos sagrados? Definitivamente, son cosas que se excluyen. Si mantenemos el culto a las leyes, es obvio que nos convertimos en defensores del statu quo, y, por ende, la “construcción de democracia” queda reducida a una bien intencionada promesa electoral. Pero, entonces, ¿será que la única alternativa que queda, sea el desconocimiento arbitrario de la legalidad? Esto es, liquidar el “Estado de derecho”? Sin duda, estamos frente a un falso dilema. Empero, la demostración de esto requiere un previo examen de lo que entendemos por “Estado de derecho”..

Empecemos por precisar que “Estado de derecho” es una noción ideológica de la filosofía liberal. Deriva de un lema de ls Ilustración, que en contraposición al despotismo de los reyes, pregonaba una “sociedad gobernada por leyes, no por hombres”.. De aquí deriva, lógicamente, el postulado según el cual “El Estado está sometido al derecho”, principio básico de la doctrina del “Estado de derecho”. Cuando el candidato Gaviria sostiene que frente a una ley que aprueba el TLC, el – como presidente electo – la haría cumplir aunque no estuviera de acuerdo con ella, porque respeta el Estado de derecho, sin duda alguna está argumentando según la noción liberal del “Estado de derecho”. En efecto, , como “el Estado está sometido al derecho”, el – como Jefe del Estado – no podría hacer nada distinto a acatar la ley que apruebe el TLC. Lo contrario sería violar el Estado de derecho.

Esta argumentación es la que tenemos que someter a la crítica, desde el punto de vista de la teoría revolucionaria. ¿Será que en la realidad el Derecho predomina sobre el Estado? Si partimos de la indiscutible evidencia de que es el Estado el que produce las leyes (el Derecho) no se ve como sea posible que este someta a aquel. Ilustremos la cuestión con un ejemplo Sabido es que en nuestro régimen laboral había una ley que obligaba al pago de las horas extras. Pero el presidente Uribe – con base en su política neoliberal – promovió la derogatoria de esa ley,. A partir de entonces la jornada ordinaria de trabajo se prolongó hasta las 10 p.m. El recargo del 35% por trabajo nocturno desapareció como por ensalmo. ¿En qué quedó, entonces, el cuento de que el Estado está sometido al Derecho? Si un gobernante- en aplicación de la doctrina neoliberal – puede hacer derogar leyes sociales de épocas pasadas, y establecer una nueva normatividad jurídica, ¿esto no nos está demostrando que la relación Estado/Derecho es todo lo contrario, o sea, que es el Derecho el que está sometido al Estado? Más concretamente, las leyes dependen de la política del Estado. Y si vemos la política como la expresión de la lucha de clases, descubriremos que el verdadero fundamento del Derecho se encuentra en la lucha de clases. Como es apenas obvio, para el que está pertrechado de ideología liberal – que niega hasta la misma existencia de las clases sociales, pues concibe la sociedad como constituida por “individuos iguales y libres” – el Derecho nada tiene que ver con una supuesta estructura clasista de la sociedad. Primero se pega al postulado de un derecho natural. ¿Cómo la ven? La naturaleza produce leyes, de la misma manera que aguacates y cucarachas. Por diferentes que sean, los tres tienen un mismo origen… natural ! Se podría decir que por el afán de ridiculizar el D.N. estaríamos haciendo comparaciones absurdas. Sin embargo, lo cierto es que lo verdaderamente irracional es pretender la existencia de un derecho natural, o sea, de una normas y principios que antes de ser plasmados en el derecho positivo, ya existen en la naturaleza. Por ejemplo, en la ideología liberal, la propiedad privada es un principio natural, que es tanto como afirmar que los hombres son propietarios por naturaleza. No es esto el colmo de la irracionalidad? De modo que los burgueses (los propietarios) son tales por derecho natural. Este planteamiento implica ignorar la historia de la acumulación originaria del capital. Para sostenerlo hay que hacerse los ciegos, para no ver que el Capital (la propiedad burguesa) llegó a este mundo “chorreando sangre por todos los poros” (Marx). Y ¿qué pasó con los millones de desposeídos que pululan por doquier? ¿Será que la naturaleza los excluyó del derecho a la propiedad? ¿Y cuál la razón para tan odiosa discriminación? No se requiere la astucia del Chapulín para comprender que el pretendido derecho natural de propiedad solo es una justificación ideológica de la propiedad burguesa, capitalista. El capitalismo, entonces, no sería resultado de un desarrollo histórico, sino de una evolución natural!! En consecuencia, la construcción de una sociedad sobre bases distintas a las del capitalismo, sería una pretensión contraria a la naturaleza. Sin tener que usar lupa, salta a la vista que la doctrina liberal del derecho natural solo es una descarada apologética de la sociedad capitalista. La única sociedad organizada sobre bases “naturales” sería la burguesa. Y, en consecuencia, el comunismo significaría un orden antinatural. He aquí la conclusión a la que se llega cuando transitamos por los atajos del “Estado de derecho”. Y pensar que hay hasta marxistas que proponen la defensa del Estado de derecho.

Empero, lo dicho no resuelva la problemática del Estado de Derecho. Quedan cuestiones espinosas por resolver Si no existe el Estado de Derecho, ¿querrá ello decir que el gobernante no tiene, en absoluto, limitación alguna, y que puede obrar arbitrariamente, esto es, según su real saber y entender? A nadie escapa que esta sería una conclusión peligrosa. Que un mandatario puede hacer y deshacer a su antojo, sería el imperio del más desenfrenado .despotismo, la consagración de la dictadura. Los pueblos de Argentina, de Chile, de Uruguay y otros, ya pasaron - en un pasado no muy lejano – por esta terrible experiencia. Y podemos estar seguros de que ninguno de ellos quisiera repetir esa pesadilla. Si ello es así, ¿no querrá decir que optar por el Estado de Derecho es lo conveniente y justo? Desde luego, si el dilema es Estado de derecho o dictadura, preferir el primero sería lo justo. Pero sostenemos que la realidad nos presenta otras salidas, lo que nos obliga a considerar el problema con más detenimiento. Según una versión del Estado de Derecho, el Presidente , al asumir el mando, se encuentra con una leyes vigentes , que está obligado a respetar de modo incondicional. Nuestro candidato Gaviria plantea esta hipótesis. Dice: si yo gano las elecciones, y al asumir el mando me encuentro con que el TLC ya es ley de la República, como respeto el Estado de Derecho, no tengo alternativa distinta a la de cumplir esa ley. Pero si al asumir el mando, el TLC todavía no ha sido aprobado como ley de la república, entonces convocaré un referendo para que sea el propio pueblo el que decida si lo prueba o no. Lo problemático y discutible es la primera hipótesis. Sostiene el candidato Gaviria, que el Estado de Derecho obliga perentoriamente a defender todas las leyes establecidas, lo que equivale – ni más ni menos – a mantener incólume el statu quo. Por este camino, llegaríamos a la total impotencia política del mandatario. Su gestión pública quedaría atrapada en la tupida red de la legislación. Si así fuera la realidad, ¿qué sentido tendría la afirmación del candidato Gaviria cuando pregona que se propone “construir democracia”, si resulta elegido. Ciertamente, si porque respeta el “Estado de Derecho”, se siente obligado a acatar las leyes vigentes, ¿cómo va a cumplir su promesa de “construir democracia”, que supone derogar unas leyes, y establecer otras? Porque lo evidente es que manteniendo la actual legislación – en aras del respeto sagrado al “Estado de Derecho” – lo único que logrará será prolongar el statu quo, y la “construcción de democracia” se aplazará hasta las calendas griegas. ¿O es que vamos a “construir democracia” dentro de la legislación vigente? Esto podrá ser un acto circense de un prestidigitador, pero nunca un acto político de “construcción de democracia”. En todas partes del mundo, las verdaderas transformaciones democráticas implican cambiar las leyes viejas por leyes nuevas. El quedarnos – por respeto al “Estado de Derecho” – con l´ancien régime , no es el camino que nos conducirá a la construcción de democracia. Toda transformación profunda y real de las estructuras políticas – y con mayor razón si el cambio es en sentido democrático o revolucionario – reclama un nuevo orden jurídico.

En conclusión, compañero Gaviria, su propósito de “construir democracia”- piedra angular de su programa presidencial – requiere la derogatoria, entre otras, de la ley que da aprobación al TLC.¿Será que lo estamos incitando a violar el Estado de derecho, y establecer un gobierno de facto? La experiencia histórica ha demostrado que por esta vía nunca se llega a la democracia. Por fortuna, este no es el único camino. Hay otras salidas que merecen la atención. Vamos a analizar la cuestión desde otro ángulo. Todo Presidente se encuentra investido de unos poderes que le otorgan la Constitución y las leyes. Precisamente, esos poderes le permiten desarrollar su política. De modo que la imagen de un mandatario prisionero de la red de leyes vigentes, y, por ende, en total impotencia política, no corresponde a ninguna realidad. En el caso de Colombia, esto sí que es cierto. La Constitución de 1991 le da tantos poderes al Presidente, que nuestro régimen político quedó convertido en una auténtica autocracia presidencial. El gobierno de Uribe confirma plenamente nuestro aserto. ¿Acaso su exagerado autoritarismo no lo convierte en fronterizo de la dictadura? Hizo de las Fuerzas Armadas el fundamento de su “democracia” (estamos en una “democracia castrense”). Manipula a su arbitrio el Congreso. Voltio la Corte Constitucional, y la redujo a dócil instrumento de su política. Impuso el TLC. Autoriza razzias en los barrios de marginados, con total violación del habeas corpus. Montó un Fiscal de bolsillo. Convirtió a Colombia en el único país de Suramérica que sigue incondicionalmente los dictados del presidente Bush. Pretende una prensa libre pero sumisa. Y todos los poderes constitucionales y legales los ha puesto, ahora, al servicio de su reelección. ¿Estamos ante un Presidente amarrado por una tupida red de leyes? ¿Sometido por el Estado de Derecho a la total impotencia política? Es obvio que no. Por el contrario, son las propias leyes las que están sometidas a su política. La Constitución del 91 le permite gobernar de manera autocrática. La pregunta es esta: manteniendo esta normatividad – por respeto al “Estado de derecho” – será posible “construir democracia”? ¿Será que la autocracia presidencial y la “construcción de democracia” son compatibles? Acaso la gran lección soviética no nos enseña que se excluyen radicalmente? Aunque muchos izquierdistas cierran los ojos ante esta realidad, y mantienen la “creencia” de que con la Carta del 91 podemos avanzar a elevados niveles de democracia, la dura experiencia uribista nos está demostrando que se trata de una ilusión democratera, y que la pesadilla autoritaria impuesta por el presidente Uribe, es lo real. Más aún, y para que a la cuestión no se le dé un carácter personal – la política reaccionaria imperante deriva del talante de Uribe, y la Constitución nada tiene que ver con el desarrollo autocrático de su gobierno – señalaremos que desde que se aprobó la Carta del 91, la devastadora política neoliberal y represiva ha sido el hilo conductor de todos los gobiernos posteriores a dicha Carta. ¿Será que las clases más retrógradas del país, se van a unir para pedir la derogatoria de la Carta del 91, por considerarla demasiado “avanzada”, y por ende, un peligro para el dominio oligárquico? Una Carta que le facilitó a los gobiernos arrasar con casi todos los derechos sociales conquistados por los trabajadores, cruzada neoliberal que Uribe pretende culminar en su reelección, ¿será una amenaza para los intereses de la burguesía ? Y con este Estatuto pretende Gaviria “construir democracia”? Por nuestra parte afirmamos que si las izquierdas no están pensando en una nueva Constitución para construir una nueva sociedad con “más democracia”, quiere decir que no están en nada.

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CONFLICTO ARMADO Y DEMOCRACIA

ATALAYA 127
Alcibíades Paredes
Abril 22 del 2006.

Aunque algunos subestiman su importancia, lo cierto es que el prolongado conflicto armado en que estamos sumergidos desde el siglo pasado, es un elemento que condiciona, de modo decisivo, nuestro destino político. Con estulticias presidenciales como aquella de que en Colombia no existe un conflicto armado, pues lo que hay es una “agresión” terrorista, es evidente que jamás alcanzaremos la paz. El primer paso hacia un acuerdo de paz es, sin duda, reconocer que el gobierno enfrenta unas guerrillas, esto es, movimientos alzados en armas con precisos objetivos políticos. Mientras no se parta de esta realidad, podemos estar seguros de que tendremos guerra para el resto del siglo, si es que la aguantamos. Y no se trata, desde luego, de hacer “reconocimientos” formales, que hoy se formulan y mañana se desconocen. Lo cierto es que existen unas guerrillas revolucionarias, que pretenden alcanzar el poder para sustituir el régimen político imperante, por otro de naturaleza diferente. Esto le da un objetivo carácter político a estos movimientos. Apreciaciones subjetivas o gubernamentales no pueden modificar esa realidad.

Ahora bien, desde el siglo XIX, alzarse en armas contra el gobierno para sustituir el régimen imperante ha sido lo típico del denominado delito político. Solo en Colombia, y bajo la presidencia de Uribe, se cometió el exabrupto de darle carácter político a bandas de paramilitares en armas para defender el régimen político. Para después salir con la farsa de una supuestas negociaciones de paz entre el comisionado Restrepo y los Mancusos. En estos diálogos inter pares , o mejor, monólogos entre socios, ¿acaso se discutieron reformas económicas, políticas o de otra índole? En absoluto. En Ralito el acuerdo se centró de manera exclusiva en otorgar impunidad para los crímenes de los parecos, asegurarles el disfrute a los bienes arrebatados a los campesinos, y asegurarles que no serán extraditados a EEUU. Salta a la vista, que la ley de “justicia y paz” es la negación de toda justicia. Además, la pretensión uribista de que las guerrillas se acojan a esa ley, solo es otra monumental estulticia presidencial. Pensar que ellas van a firmar un acuerdo de paz sin lograr conquista alguna en el orden político y social, esto es, luchar más de 50 años para al final salir al mismo llanito, solo cabe en una cabeza con muy cortas entendederas. Digamos, la de un Sabas.

¿Cuál será, entonces, el camino que nos saque del conflicto armado, y nos lleve a la anhelada paz? He aquí la esencia de la problemática política de Colombia. Ello porque mientras no se resuelva esta cuestión, el avance democrático hacia una sociedad más justa e igualitaria, no pasará de ser un sueño. Y según un clásico nuestro, “los sueños, sueños son”. Ciertamente, pensar en un desarrollo democrático al margen del conflicto armado, es un absurdo mayor. ¿Acaso no vemos que la guerra engendra políticas como la de la “seguridad democrática”, de contenido profundamente antidemocrático? ¿Será que las razzias que realiza el Ejército en los barrios pobres, son una expresión democrática? Y destinar gran parte del presupuesto para atender los gastos militares, mientras la educación, la salud y otras necesidades de “los de abajo” quedan relegadas, ¿será democracia? No nos digamos mentiras: conflicto armado y democracia son incompatibles, como el agua y el aceite.

Está claro, pues, que si queremos construir democracia en Colombia, conquistar la paz es su condictio sine qua non. En consecuencia, como el Polo Democrático Alternativo ha expresado, a través de su candidato Gaviria, que su proyecto político es, precisamente, construir democracia, se concluye que debe tener una propuesta concreta y efectiva de paz. Es evidente que en este campo, la retórica no sirve para nada. Salir a decir que frente a los alzados en armas se tiene el corazón abierto y la mano firme, es lo mismo que no proponer nada. Es pura fraseología barata. Como tampoco sirve de mucho expresar que en caso de ser elegido presidente se va a propender por unas negociaciones políticas encaminadas a un acuerdo político de paz. Se trata, en este caso, de una promesa abstracta y general, que todo candidato a la presidencia ha hecho, pero siempre abandonada al siguiente día de la posesión. Todas las frustraciones que en materia de política de paz hemos tenido los colombianos, nos están indicando que la cuestión reclama planteamientos concretos e idóneos, que de manera unívoca le pongan un piso firme a una real política de paz. No más charlatanería, no más anzuelos electoreros para ganar votos. Uribe puede seguir con su fracasada seguridad democrática, y puede continuar hablando de los últimos coletazos de las guerrillas en vías de extinción. Habrá ciudadanos que le tragan cuento, y depositan su voto por el, con la firme convicción de que a la vuelta de seis meses, nuestro presidente nos entregará un país convertido en una arcadia de paz y prosperidad. Pero nuevamente se llevarán una gran desilusión. ¿Será cierto que, como dice Shaw, “la experiencia lo único que enseña es que el hombre no coge experiencia”?

Las izquierdas no pueden seguir este juego de mentiras, de sombras chinescas, de trucos circenses. Su obligación es plantear una firme y efectiva política de paz. El elector debe tener la íntima convicción de que al votar por Carlos Gaviria, está depositando un auténtico voto por la paz. Y, desde luego, esta convicción debe estar fundada en una realidad política.

Empero, ¿cuál la razón para tanto optimismo, en un gobierno de las izquierdas? Una muy evidente: las izquierdas están con los de abajo, y estos son los únicos que viven la guerra como una tragedia. . Basta con plantear este interrogante: la carne de cañón que se sacrifica en la guerra ¿de dónde sale? ¿Será que en las selvas del Sur están los restos de los hijos de Santodomingo, de Ardila Lulle, del banquero Sarmiento, de los linajudos Holguín del Valle, de los encopetados oligarcas bogotanos, todos ellos caídos en defensa de la “patria” uribista? Mamola! Unos están en embajadas, otros estudian en universidades gringas, y los más, entregados a la dolce vita. Tienen un patriotismo hedonista, orgiástico. Así las cosas, ¿qué interés pueden tener en que se le ponga fin al conflicto armado? Ninguno!

Los de abajo viven en otro mundo En el de la desesperación que produce el hambre, la miseria, la desocupación, las condiciones infrahumanas de existencia. Y para colmo de peras en el olmo, les toca hacerse matar en la guerra, defendiendo las riquezas de las oligarquías. Por todo esto, para los pobres la guerra no es un negocio. Ni un modus vivendi lucrativo. Es el infierno del que quieren salir. Ellos encarnan los auténticos anhelos de paz en Colombia.

Pues bien, como quiera que las izquierdas son las verdaderas intérpretes políticas, ante todo, de los pobres, sus propuestas de paz no son señuelos para ganar votos, sino expresiones de un proyecto democrático que solo será posible realizar poniéndole fin al conflicto armado. Porque aquí está el quid de la cuestión. Sin paz no se puede construir democracia. Por tanto, para el Polo Democrático Alternativo la paz no es una bandera electorera, y sí un necesario presupuesto para su proyecto político de construir democracia. Así, el dilema de la historia es categórico y claro: o el pueblo vota por Alvaro Uribe, lo que significará que seguirá siendo carne de cañón, o vota por Carlos Gaviria, y entonces conquistará una paz que será punto de partida de un proceso de construcción de democracia, con un objetivo primero: liquidar la pobreza generalizada enseñoreada sobre nuestro pueblo.

El compromiso político del Polo, pues, trasciende la lucha electoral, y se proyecta hacia el futuro. Por esto, está obligado a presentar una propuesta de paz que sea realista, efectiva y democrática. Como es obvio, esta propuesta debe tener un carácter autónomo. No puede estar supeditada a las políticas del Gobierno, ni de los movimientos guerrilleros. Solo debe responder a los intereses del pueblo colombiano. Hay aquí una tremenda responsabilidad histórica, que obliga a adoptar el problema de las negociaciones de paz con el máximo tacto, con una inteligencia abierta, y con una voluntad inquebrantable de alcanzar la paz. Repetimos, en la mesa de negociaciones está en juego el porvenir de nuestro pueblo. Ni más, ni menos.

Y pisando el terreno de lo concreto, ¿cómo tiene que ser la propuesta de paz del Polo? El primer punto que queremos considerar, al respecto, tiene que ver con los sujetos de las negociaciones. Está muy metida la idea de que son el gobierno, por un lado, y los Comandantes de las guerrillas, por el otro, los actores del proceso de paz. El acuerdo de paz solo depende de uno y otros. El pueblo colombiano queda reducido, cuando más, a la condición de convidado de piedra. Es evidente que un proceso así, es profundamente antidemocrático. ¿Una paz lograda a espaldas del pueblo? En las conversaciones de el Caguán, entre el gobierno de Pastrana y los Comandantes de las FARC, hubo el intento de permitir la participación de voceros de distintos sectores sociales. Pero la forma adoptada solo pudo conducir a una caricatura de democracia. Eso de que un fulano cualquiera pueda expresar , frente a un micrófono, lo que se le venga a la cabeza, durante unos minutos, en relación con la paz, no tiene nada que ver con lo que podemos llamar una democracia deliberativa. Pensar que así le estamos “metiendo pueblo” al proceso de paz, es una gran ingenuidad. Lo cierto es que este folclórico episodio pasó sin pena ni gloria. Es que los caminos de la participación del pueblo son otros.
Por su parte, el ELN ensayó otra vía: la de conversar con una supuesta sociedad civil. De entrada digamos que la sociedad civil es un fantasma de la ideología liberal. La estructura clasista de la sociedad capitalista desaparece mágicamente, y es sustituida por una gelatinosa “sociedad civil”, en fantástica “oposición” al Estado. En la realidad, la tal comisión de la “sociedad civil” encargada de dialogar con los Elenos fue integrada por autonombrados voceros de los sectores dominantes, a los que se agregaba un “representante” del movimiento obrero. Es apenas obvio que por este camino tampoco lograríamos “meterle pueblo” al proceso de paz.

Las dos fallidas experiencias no indican que eso de democratizar las negociaciones de paz, no es nada fácil. Una adecuada solución a este problema, pensamos, puede radicar en abrir un gran debate público sobre la cuestión, entre todos los sectores de la sociedad colombiana, que acordarían c/u su proyecto de paz, que sería presentado a la mesa de negociaciones por voceros escogidos ad hoc. Así, no sería la nebulosa “sociedad civil” la que concurriría a dialogar, sino los reales sectores sociales que conforman la sociedad colombiana. El Estado, por su parte, pondría todo su poder y sus recursos al logro de este resultado. Al final, estamos seguros, eso de “meterle pueblo” al proceso de paz dejaría de ser retórica y se convertiría en consigna movilizadora de todos los sectores sociales.

La otra gran cuestión tiene que ver con el proyecto político a discutir en la mesa de negociaciones. El candidato Gaviria ha planteado una propuesta concreta: construir democracia. Ello supone modificar el actual régimen político, de evidente carácter antidemocrático. Y si la cosa es en serio, queda en entredicho la Constitución de 1991. No podemos olvidar que todas las políticas reaccionarias ejecutadas por los gobiernos a partir de 1991, han tenido el aval de esa Carta. Por tanto, pretender “construir democracia”, y a la vez mantener vigente la Constitución de 1991, es un contrasentido. Se dice que el gobierno de Uribe es tan autoritario, que se acerca peligrosamente a la dictadura. Pero no se quiere reconocer que está obrando según los poderes bonapartistas que generosamente le otorga la Carta del 91. Condenamos los efectos autoritarios, pero nos hacemos los locos para no ver el bonapartismo que impulsa y legitima esa política. He aquí el talón de Aquiles del programa presidencial del candidato Gaviria.

Hace muchos años venimos criticando el bonapartismo inherente al constitucionalismo liberal. Porque no se trata de un fenómeno colombiano, sino de una cualidad universal presente en todas las democracia capitalistas. Expresa, sin duda, los límites de la democracia liberal . Porque aquello de que esta es “el gobierno del pueblo”, no pasa de ser un puro mito. Hay tres elementos que impiden el ejercicio del poder por parte del pueblo. El primero es la soberanía estatal. Si el Estado es el soberano, quiere ello decir que el pueblo queda out. El segundo es el fenómeno de la representación. Los que verdaderamente gobiernan son los representantes. Nuevamente, el pueblo queda out. Finalmente, el bonapartismo concentra el poder en las manos del Ejecutivo. Por tercera vez, el pueblo queda aut. Podemos, entonces, sostener que la soberanía, la representación y el bonapartismo constituyen el trípode sobre el que descansa el poder burgués en las democracias liberales. En consecuencia, la pretensión de construir más democracia sin tocar el trípode, esto es, sin modificar la Constitución, es una ilusión.

En el Polo, por desgracia, no existen condiciones que permitan abrir un amplio y profundo debate ideológico que permita someter a crítica el pensamiento liberal. Por esto hay que seguir pregonando, como una voz en el desierto.

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ATISBOS ANALÍTICOS No. 65

Por Profesor: Humberto Velez Ramírez