PENSAMIENTO CRÍTICO

Virtual (PCV)

No. 24 1-15 de Marzo, 2007

Una Publicación quincenal de

ECOPAIS - ATISBOS ANALÍTICOS

Se actualiza el 1 y 15 de cada mes a las 6.30 p.m

CONTENIDO:

ATISBOS ANALÍTICOS NO 75, Cali,
Marzo 2007

“LA DE URIBE VÉLEZ, LA FASE INSTITUCIONALMENTE
MÁS EVOLUCIONADA DEL PARAMILITARIMSO
EN COLOMBIA”

Por:Humberto Vélez Ramírez, hvr@coldecon.net.co

1.UNOS NECESARIOS PRESUPUESTOS DEL ANÁLISIS

En el caso del para-militarismo y hasta en el del para-guerrillerismo, como para empatar y empantanar el suceso lo ha buscado el presidente Uribe, ¿hasta dónde se podrá ir en materia de establecimiento de la verdad?
Diríamos que habría que ir hasta una deseada confesión adecuada y satisfactoria por parte de los encarcelados jefes paras -exigencia que no hizo parte del espíritu de la ley de justicia y paz- pero sin el utopismo de pensar que establecer la verdad es fotocopiar la realidad. Entre las verdades - la académica, la judicial, la de las víctimas, la de los victimarios, la testimonial, la mediática - existen sus distancias y brechas, pero ninguna de ellas es una xeroscopia de lo real. Por ahora habrá que rodear a la valerosa sala penal de la Corte, así como empujar a una Fiscalía todavía remolona aspirando al objetivo del establecimiento de la verdad judicial. Esto no hará otra cosa, en contrario de lo que piensa el pensamiento reaccionario, que fortalecer y cualificar la institucionalidad democrática judicial.
¿Será que en Colombia la Cultura de la responsabilidad política es tan pobre y precaria que ni siquiera si se asoma en las coyunturas en las que la sociedad nacional está tocando fondo?
La situación hace parte de la pobreza cultural de una democracia dubitativa, hipotecada, delegativa y teledirigida en la que parecería que la única tarea de los dirigentes de cara a la ciudadanía fuese una bianual demanda de votos.
Terco y coherente como ha sido en materia de una salida guerrerista del conflicto armado, no dudamos que el ciudadano Uribe Vélez, de haber sido paramilitar, habría enarbolado el fusil en las llanuras de la Costa. Así lo manifestó en persona en Ubaté en su hebdomadario Consejo Comunitario. Claro que como precisamos en Atisbos 74 no existen pruebas empíricas sólidas para probar que Uribe Vélez sea o haya sido paramilitar. Entonces, descartada la responsabilidad penal, existen indicios fácticos sobre sus actitudes ya de necesaria aceptabilidad social del fenómeno, es decir, de su legitimación, ya de connivencia ya de favorabilidad ya de proclividad ya de dificultosamente escondida simpatía, constituyéndose esas conductas en la fuente más importante de su responsabilidad política como gobernante. Es esto lo que se busca colocar en evidencia en esta esquemática periodización de la historia del paramilitarismo en los últimos cincuenta años dejando en claro que el fenómeno tuvo importantes antecedentes en la historia colombiana.
¿Cuál ha sido la posición de Uribe Vélez de cara al problema del establecimiento de la verdad?
Hablar también es gobernar, como lo es también el posar. En su discurso, por lo general light y efectista, el Presidente Uribe se ha revelado como un artista de las medias verdades. Esta estrategia mediática le ha permitido eludir, hipostasiar, tapar, suavizar, silenciar, tergiversar “el componente de truculencia”, que casi siempre encierra su palabra. Por esa vía siempre ha buscado, y hasta ahora casi siempre lo ha logrado, producir un efecto de verdad en su masa de emotivos admiradores. Es aquí donde radican la lógica y las razones del 70% de simpatías. Ilustremos un poco el asunto. La tesis según la cual el desmonte del para-militarismo ha sido el producto de la Seguridad democrática es más mentira que verdad. A pesar y no obstante la Seguridad democrática, fue la Sala Penal de la Corte la que tomó la iniciativa limitándose el gobierno a ponerse a la cola del proceso mediante hábiles maniobras de traición a los acuerdos verbales hechos con los encarcelados en Itaguí. Fue esto lo que le permitió al gobierno radicalizar sus posturas frente al para-militarismo enviándole desesperadamente al mundo el falso mensaje de un combate antiguo y tenaz contra esas organizaciones.
En la actual coyuntura Uribe ha querido maquillar con actitudes bravuconas el escándalo de la para-política, así como las trampas de las medias verdades.
Pero por exacerbado que se encuentre, siempre se muestra muy racional y hábil cuando de evadir respuestas y preguntas sobre su pasado, su familia y sus amigos se trata. Con Rodrigo Uprimny pensamos que las salidas de chiros del presidente, más que un asunto de sicólogos y siquiatras, es un problema inconstitucional cercano a los jueces. Basándose en la Sentencia T-263 de 1998, el lúcido profesor de la Universidad Nacional precisa que para evaluar si un ataque verbal se ajusta o no a la Constitución, es necesario tener en cuenta, entre otras cosas, el poder de quien ataca y la gravedad de los señalamientos. Al respecto señaló, “Uribe como ciudadano puede ponerse bravo, pero, como presidente, no lo puede hacer como un particular”. (1)
¿Cómo ha buscado Uribe enfrentar el escándalo?
Por la vía de una estrategia de ocultamiento coyuntural de la realidad montándole a un asunto engorroso, otro de carácter importante, por lo menos, de tintes espectaculares. Es decir, extendiendo las conocidas cortinas de humo. Cuando Salvatore Mancuso revolcó al país al revelar el contenido del pacto de Ralito, así como sus nexos con al menos cinco Brigadas, a los pocos días se montó el show radial de Botero y el proceso 8000. Por unos días se evaporó la centralidad de la para-política como asunto comunicativo. Entonces, los Medios no hablaron si no de Serpa y el escándalo del dinero mafioso en la política. Pero, cuando se produjo la detención de los senadores, se esfumó el show Botero. Emergió entonces el presidente a la caza de para-guerrillos endilgándole esa condición a la oposición en su conjunto. Ni siquiera amainó el huracán de las bravuconadas cuando se produjo la captura del exdirector del DAS, Jorge Noguera, responsable del manejo de la inteligencia del Estado, el disco duro de su Política de Seguridad Democrática. Ese mismo día, sin que le temblase la voz, calificó de “cómplice de la guerrilla” al director de Voz.
¿Será que un señor políticamente tan hábil y antioqueñamente tan avispado y comercialmente tan experimentado como el presidente Uribe; y que, al mismo tiempo, gobierna el país al detalle haciéndolo “todo por todos”, nunca se enteró de lo que estaba ejecutando ese “buen muchacho” llamado Jorge Noguera en la dirección del máximo organismo de inteligencia del Estado?
Hasta cándido e irrespetuoso con él sería pensarlo. Apelando a una metáfora faunesca diríamos que así como el ELEFANTE se le metió a Samper a su casa en plena campaña, UN HIPOPÓTAMO, MOSTRUOSO Y VOLUMINOSO Y FEO, se le introdujo al Presidente Uribe en el Palacio de San Carlos pero que éste, al despertarse, no lo vio. Sólo con el transcurso de los días ha empezado a medio vislumbrarlo decidiendo entonces pelarlo hacia adentro sin escándalos hacia afuera.
¿Será correcto y pertinente asociar la para-política de las Auc a la parapolítica de las guerrillas?
Es claro que, aunque como pares metodológicos tienen algunas notas comunes, sin embargo, se trata de actores de índole muy distinta de cara al establecimiento. Con esta reflexión no buscamos la justificación de conductas injustificables, sea el que sea el actor ilegal, si no, más bien, destacar y explicar ciertas particularidades. El para-militarismo surgió buscando apalancar a un Estado débil en su lucha contra las guerrillas y en esa línea alcanzó, por las buenas o por las malas, niveles apreciables de legitimidad social. Se ha tratado así de un actor pro-estatal. Las guerrillas, en cambio, han sido un actor ilegal, insurreccional y radicalmente antiestatal, por lo tanto. Sus nichos de legitimidad social, por lo general, han sido bajos no yendo nunca más allá de un 3% de la población. No se podrá olvidar, por otra parte, que desde su X Conferencia en 1980, las Farc levantaron una estrategia que tenia como nudo central la presencia en las estructuras locales de poder. Al haber sido ello así, como hipótesis se podría decir que mientras políticos institucionales hicieron alianzas con los armas de los paras en procura de acceder al poder político facilitando el acceso del para-militarismo al control municipal, es posible que en muchas regiones del país algunas autoridades municipales y regionales hayan hecho alianzas con las guerrillas en procura de la gobernabilidad del municipio. Más que de justificación, ésta es una hipótesis de intención explicativa. Por ser parte del desarrollo de su estrategia, con seguridad las Farc han presionado sobre muchas autoridades municipales buscando sacarla avante; el caso de la política “para” fue el caso cuando políticos institucionales, en procura de acceder o reposicionarse en el poder político, posibilitaron que actores con las armas en las manos ingresaran a las institucionalidades municipales para imponer las autoridades y controlar el presupuesto del municipio.


2.HACIA UNA PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA DEL PARA-MILITARISMO CONTEMPORÁNEO.

Apelando al criterio de sus grados de evolución histórica institucional, en la historia del para-militarismo contemporáneo colombiano, se pueden distinguir los siguientes momentos:

1962-1968: De los Apoyos doctrinarios norteamericanos a los Soportes legales estatales: en la historia primigenia del para-militarismo la iniciativa la tuvieron el gobierno norteamericano y el Estado colombiano: Al aterrizar en Bogotá en 1962 el General Yerborough, emisario de la Escuela Militar de los Estados Unidos, declaró que en Colombia había que crear un personal civil y militar claramente especializado en tareas de represión para impulsar, entre otras cosas, “actividades terroristas paramilitares contra conocidos portadores del comunismo”. (2) “Para defenderlas de los abusos del gobierno” en 1964 Manuel Vélez Marulanda creó las Autodefensas Campesinas. (3) En 1965 Guillermo León Valencia con el decreto 3398, que reorganizaba la Defensa, le otorgó piso legal al empleo de civiles en actividades militares con la correspondiente dotación de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Se buscaba así que “los hacendados se defendieran de las Autodefensas Campesinas”. Con la ley 48 de 1968 el artículo 33 del decreto 3398 pasó a ser parte de la legislación permanente. Se autorizó, entonces, al Ministro de Defensa para dar apoyo a particulares con armas oficiales y al Gobierno Nacional a emplear civiles en actividades de orden público. Mas adelante la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ese artículo 33 por ir en contravía del principio constitucional del monopolio de las armas legítimas por parte del Estado, único responsable del mantenimiento del orden público.
1977: Aparición de Triple A y de otras Organizaciones tenebrosas: En este año la Triple A reivindicó numerosos atentados terroristas. Dos años más tarde se hizo claro que esta organización había sido creada en el Batallón de Inteligencia y Contrainsurgencia Charry Solano. Fue ésta la primera forma para-institucional de para-militarismo que hizo presencia en el país. Al respecto escribió el profesor Guillermo Restrepo:”Asistimos así a una forma de para-militarismo en la que son los mismos militares los que encubren bajo la sombra de la delincuencia común para poder ejecutar diversas modalidades de represión.” En la década del 70 el país hizo la transición de la bonanza marinbera a la Internacional de la Coca. Los barones de la coca empezaron a crear entonces sus ejércitos privados encargados de facilitarles, a como diese lugar aunque por lo general mediante el uso de la violencia, las condiciones necesarias para su irreversible y tenaz empeño de ampliar y fortalecer la producción y comercialización de la droga. Esos ejércitos privados fueron la escuela experimental donde miles y miles de jóvenes colombianos se apropiaron de valores y valoraciones sociales propiciadoras del ejercicio de la justicia privada mediante la apelación a las más variadas formas de violencia física y simbólica. La sociedad en su conjunto, por otra parte, se movió de modo equívoco frente a los narcos balanceándose entre tímidos reproches y la admiración babeante.
1978-1982: El Estatuto de Seguridad de Turbay: este Estatuto marcó el inicio del terrorismo de Estado en Colombia constituyéndose en un substancioso caldo de cultivo del discurso y las prácticas paramilitares. Estuvo inspirado en la teoría del enemigo externo considerado aquella persona o grupo que se opusiese al gobierno de turno; no se trataba de una realidad externa a la nación si no inmersa en su seno cuya exterioridad no era otra cosa que un límite ideológico inmaterial.
1981-1990: La Creación del MAS: La aparición de “Muerte a Secuestradores” en 1981 marcó un punto de inflexión en el proceso. Aparecieron entonces a escala los Ejércitos privados para la seguridad de las familias mafiosas y de sus propiedades. Se regaron por todo el país con el apoyo selectivo de miembros de las Fuerzas Armadas dejando por todas partes una estela de muerte y desolación bajo el signo de una justicia privada informal y clandestina.(4) Durante el gobierno de Belisario Betancur el paramilitarismo se agigantó en Puerto Boyacá bajo el amparo del Batallón Bárbula y el apoyo económico de ganaderos y hacendados de la zona cansados y hastiados del pago de vacunas a las guerrillas. Fue en Puerto Boyacá, clásico santuario de las guerrillas, donde iniciaron una violenta y exitosa guerra socio-territorial contra las Farc. Asesinaron y aserraron sin compasión a toda persona sospechosa de tener vínculos con la guerrilla e iniciaron el partidicidio de la Unión Patriótica. De nuevo el esfuerzo de una incipiente nueva izquierda por romper con la metodología de las armas, se vio truncado de modo violento por estas organizaciones. Al mismo tiempo organizaciones bancarias legales canalizaban recursos hacia organizaciones políticas como MORENA que, desde una ideología de extrema derecha, pretendió encubrir con un velo de legitimidad al emergente para-militarismo. (5) En ese proyecto participaron conocidos líderes paramilitares como Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa, Pablo Escobar y Fidel Castaño, todos ellos narcotraficantes confesos. Por lo tanto hacia 1985 ya había fraguado la alianza narco-paramilitar. Coadyuvados por militares fue éste el modelo que, levantado en Puerto Boyacá, se reprodujo en muchas regiones de Colombia.
1994: Expedición del Decreto 0356 del 11 de Febrero: las CONVIVIR: De nuevo el Estado buscó darle piso legal a la intervención de civiles en el manejo del orden público cuando autorizó la creación y funcionamiento de “Servicios de Vigilancia y de Seguridad privada”. Desde el seno mismo de las Comunidades estas Cooperativas, como política estatal, participarían de modo directo en el conflicto armado al lado de las Fuerzas Armadas y con armas de dotación oficial. Tres años más tarde, en 1997, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las CONVIVIR y ese mismo año la Fiscalía General de la Nación manifestó que bajo la sombra de esas cooperativas se habían cometido numerosos crímenes de lesa humanidad. (6) Post-ralito, los jefes paras no han negado sus Vínculos con el Estado. Nicolás Baez, por ejemplo, señaló que el Estado debía responder por el muchachito que habían creado, el hijo de Herman Monster.

1995-2000: La Centralización del para-militarismo en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el liderazgo de Carlos Castaño. Este asumió la vocería de todos los grupos paramilitares en una alianza poco menos que institucional “dentro de una estructura política laxa e incoherente y con una ideología populista, con la pretendida intención de deslindar tácticamente el paramilitarismo de las instituciones estatales y darle así el viso de una organización política e independiente”. (7) La nueva organización recibió el nombre semánticamente equívoco de autodefensas. En realidad de verdad autodefensas sólo hubo en un momento dado como un fenómeno circunstancial. Lo que en realidad de verdad se fue configurando fue una organización, más o menos formal y semi- institucional, conformada por civiles vestidos de uniforme que si bien, en un momento dado, alcanzó una relativa autonomía organizativa, sin embargo, siempre estuvo coadyuvada por un sector u otro de las Fuerzas Armadas así como financiada por ganaderos y hacendados hasta el momento en que empezó a acumular el más inimaginable volumen de tierras y de dinero.
Desde ese momento en la cabeza de algunos jefes paramilitares empezó a rondar la idea de proyectar el para-militarismo no sólo como una fuerza orientada a apalancar la debilidad militar del Estado si no, también, como la expresión armada de una propuesta política de extrema derecha alternativa a la opción programática de las guerrillas. En la primera intención fueron los paramilatares, que no las fuerzas del Estado, los primeros en ir a buscar a las guerrillas en sus más clásicos santuarios desatando así una tenaz guerra socio-territorial de cinco años de duración. Cuando Uribe Vélez llegó al gobierno en el 2002 no hizo otra cosa que retomar esa línea de guerra en la que las Auc ya habían empezado a decaer dada la reacción de las Farc. En cuanto a lo segundo, fue Carlos Castaño el que más acarició ese sueño del para-militarismo convertido en movimiento político institucional:” El problema de las Farc y el Eln, dijo, es qué pasa con las autodefensas en la fase postconflicto. La guerrilla quiere ser la verdadera alternativa política en la fase postconflicto. Pero ahí estamos nosotros. Ellos saben que las únicas personas que las van a enfrentar políticamente van a ser las autodefensas…ellas le apuntan a conservar su ejército privado. Ellos quieren dividir geográficamente al país. Por eso, en el postconflicto, nuestra organización se transformará en un movimiento político que denominaremos Alianza para la Unidad Colombiana AUC.” (8)

2002: La Decadencia del Para-militarismo como Actor de la Guerra: con la llegada de Uribe a la presidencia, por razones internas de la Política de Seguridad democrática como por motivos internacionales asociados a la imagen del gobierno, el para-militarismo entró en decadencia como actor de la guerra. Durante los dos primeros años permaneció más o menos inactivo en lo militar aunque con sus estructuras organizativas y de poder inalteradas y en pleno apogeo económico. Al vislumbrar la posibilidad de una “negociación” o, más estrictamente un “arreglo” con el gobierno de Uribe replantearon su estrategia planteándose como objetivo el control institucional de las estructuras de poder local apelando a todas las formas de lucha.
2004-2007: La Mesa de Santa Fe del Ralito: al otorgarles un tratamiento de combatientes políticos el 1 de julio del 2004 el Alto Comisionado de Paz inauguró el proceso de arreglos con los jefes paramilitares sin que mediaran referentes jurídicos explícitos, la ley de Justicia y Paz fue una legislación a posteriori, y sin que nunca alguien supiese los acuerdos pactados, por lo menos, verbales. Para entonces ya se habían apropiado de 600 k2 de las mejores tierras y mantenían intactas sus inmensas fortunas.

Detengámonos ahora un poco en Uribe como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y como “pacificador del Urabá” bajo el liderazgo militar del tropero general Rito Alejo del Río.
Creadas, las CONVIVIR, en el solo 1995 se multiplicaron por todo el país en un número de unas 400, 69 de ellas en Antioquia. Uribe Vélez fue el más entusiasta animador del proyecto. Dificultoso resultaría creer que un abogado hábil como Uribe no se hubiese percatado de que esas organizaciones, por expropiarles las armas legítimas al Estado, eran inconstitucionales tal como fueron declaradas tres años después. Fueron mimetizados en las CONVIVIR como los paramilitares alcanzaron cobertura nacional consolidándose en el Nudo de Paramillo e ingresando al eje bananero de Urabá donde asesinaron a miles de campesinos. En el Congreso de ganaderos de 1996 se aprobó extender la iniciativa de Uribe a nivel nacional así como promover su candidatura presidencial. (9) Por su parte, el 3 de agosto de 1998 El País de Cali informó: “Representantes de más de 2000 Cooperativas de Seguridad privada han anunciado que se armarán y unirán al Movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia”. (10) Según registro de la Superintendencia de Vigilancia los jefes paras figuraron entre los impulsores de las Cooperativas de Seguridad. (11) Quebrando su perverso horizonte nacional parecería que sólo en Antioquia, de acuerdo con Uribe, las Convivir fueron “un modelo transparente de cooperación ciudadana con la fuerza pública”. Así fue como Uribe salió en su defensa en respuesta al abogado defensor de los Derechos Humanos Jesús María del Valle, quien había escrito: “Los Militares y las Convivir se confunden en los uniformes, las sedes y los vehículos que utilizan”. Y hace apenas unos meses, el 1 de diciembre del 2006, poder mesiánico en mano, reiteró su anterior apoyo a las CONVIVIR negando que hubiesen sido parte del inicio del para-militarismo; agregó además, que por eso había asumido la responsabilidad de 60 o 70 grupos de Convivir que había en Antioquia.(12)
Como se puede observar, entonces, Uribe no es paramilitar pero sí ha sido pro-paramilitar como, en su momento lo fue, de modo callado, casi medio país. Por otra parte, lo que sí ha acaecido durante su gobierno ha sido la casi universalización de un fenómeno: el ingreso de los paras con las armas en la mano a la política institucional así como al disco duro- estructura de poder y dinero- de la institucionalidad municipal. Como para reiterar ahora este deseo de imposible cumplimiento:”Lástima, ha declarado el Obispo de Ocaña, que los espacios de las cárceles sean tan limitados como para poder enviar a la cárcel al medio país que defendió a los paramilitares o que votó por ellos”. (13)
Repitamos la pregunta inicial, ¿hasta dónde se llegará con todo esto?
El establecimiento de la verdad dentro de los límites señalados; la reparación de las víctimas en proporción al daño realizado; el rescatar la política de la metodologías de las armas y del dinero, ya sea de las de los paramilitares o de las de las guerrillas para reorientarla al ámbito de las ideas, de los proyectos y programas, constituye un ideario de todo demócrata. Sin embargo, gigantesca es la empresa y casi titánico el reto. De acuerdo con el estudio académico de la Fundación Arco Iris en las pasadas elecciones 83 congresistas, una tercera parte del Congreso, obtuvieron unos resultados electorales atípicos, lo que significaría la presencia de fuerzas raras, entre ellas las asociadas a nexos con grupos armados ilegales. En segundo lugar, gigantesca y casi inimaginable es la fortuna de lo jefes paras prisioneros en la cárcel de Itaguí. Como ha señalado Salud Hernández un solo dato podría ayudar: desde las cuentas de un solo hombre- Edilberto Osorio Montealegre - se lavaron más de seis mil millones de pesos de la organización de Macaco . En el mismo expediente aparecen 40 personas que hicieron exactamente lo mismo. En el capítulo Portafolio de las Inversiones de las Auc, se lee:”Un inventario preliminar indica que la fortuna de las Auc está invertida en joyerías en la Isla Margarita, inversiones en Bolsa, centros vacacionales en Costa Rica, Contadora y Panamá, droguerías, minas de oro, empresas de transporte, empresas agroindustriales, empresas de carros, y entre 2.6 y 6.8 millones de tierras de las que se han apropiado con el narcotráfico. Además poseen CTD, hasta por mil millones de pesos y guardan importantes sumas en títulos valores.” (14) Finalmente, como escribió Juan Manuel López Caballero, los procesos que se avecinan en materia de la parapolítica “son prácticamente simbólicos, pues ni los mismos que se promulgaron tienen como propósito que en realidad se cumplan, ni habría la capacidad física de hacerlos cumplir”. Treinta mil desmovilizados, dos mil judicializables y 59 vinculados, es lo que hasta ahora existe después de tres años de vigencia de la ley. Sólo uno, Mancuso, ha cumplido con lo que no es si no la etapa de la versión libre. Le faltan, la indagatoria, el alegato, el llamado a juicio y el juicio en sí. Pesimista se muestra al respecto López Caballero: en su concepto, una reparación adecuada al daño causado va a ser un imposible; el presupuesto para los casos ya conocidos, al calcularse con la metodología del Comité Interamericano, se elevaría a 8 billones de dólares cuando la expropiación a Mancuso no llegaría ni la mitad de la milésima de esa suma. (15)
Entonces, ¿qué hacer? Expropiar a los paramilitares hasta donde sea posible; desmontarles su estructura organizativa de poder; y si los políticos que establecieron nexos con el para-militarismo lo hicieron como la forma más cómoda de acceder al poder, entonces castigarlos donde más les duele, es decir, inhabitándolos de por vida para el ejercicio de la política. Y finalmente, si viciados se encuentran los votos de los congresistas actualmente enjuiciados, el vicio debe cubrir a todos los que, de directo o indirecto modo, fueron elegidos con ellos, suplentes así como las personas a las que ellos posteriormente arrastraron a votar ya para cargos de representación popular ya para cargos de elección.







1.Uprimny, Rodrigo, ¿es inconstitucional la ira de Uribe, Semana.com , 17 febrero 2007.

2.CINEP, Paramilitarismo de Estado en Colombia1988-2003.

3.Restrepo, Guillermo, “De la Unión Patriótica al PDA”, EN Pensamiento Crítico Virtual, No , http://ecopais-atisbos.blogspot.com/

4.Idem

5.Idem

6.“Informe de la Procuraduría General de la Nación, febrero 20 de 1983

7.Restrepo Guillermo, artículo citado

8.Vélez Ramírez Humberto, Carta Abierta sobre la Guerra en Colombia, ECOPAZ. ACeditores, Cali, mayo 1999 , segunda edición.

9.Archivo personal del autor

10.“El País”, Cali, 3 agosto 1998.

11.Archivo personal del autor

12.Archivo personal del autor

13.CARACOL, 6 AM, 20 febrero 2007

14.Hernández, Salud y Soto Franco Martha Elvira, y EL poder para Qué?, próximo a publicarse.

15.El Heraldo, Barranquilla, febrero 20 2007